¿Se mudarán los jóvenes de la ciudad al campo?
El Plan de Vivienda 2018-21 recupera las ayudas directas a la compra. Esta medida está dirigida a los jóvenes menores de 35 años cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM. Su cuantía máxima es de 10.800 euros aunque, para acceder a la ayuda, se establece un límite en el precio de adquisición del inmueble, que no podrá superar los 100.000 euros. No obstante, el requisito más controvertido tiene que ver con la ubicación de las viviendas susceptibles de ser compradas, pues se determina que estas deberán estar situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ello se debe al objetivo que persiguen las ayudas: frenar el despoblamiento de las zonas rurales. ¿Conseguirá este incentivo que los jóvenes se muden de la ciudad al campo?
Impacto anecdótico
Los expertos en demografía y vivienda reconocen que España registra un problema grave de despoblación de las áreas rurales. Este fenómeno está motivado, según Víctor Reloba, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), porque actualmente la falta de oportunidades laborales y profesionales que dominan estas zonas obligan a su juventud originaria “a emigrar a las grandes ciudades y al extranjero en muchas ocasiones”. De ahí que desde esta institución lamenten que “la falta de dotación presupuestaria y la falta de acciones sobre nuestro modelo productivo” vayan a dejar “en anecdótico” el impacto de las ayudas a la compra que contiene el Plan de Vivienda.
De la misma opinión se muestra Juan Antonio Módenes, profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador asociado del Centro de Estudios Demográficos, quien asegura que la creación de hogares jóvenes independientes debe ir acompañada “de una mejora de las condiciones laborales y económicas”, por lo que, desde su punto de vista, la precarización estructural de la inserción laboral de los jóvenes que existe en nuestro país “puede dificultar la eficacia de las ayudas”. Asimismo, cuestiona el límite de edad que compone la estrategia del Gobierno, pues se trata de una medida “que limita las posibilidades de impacto positivo en el comportamiento demográfico de esos municipios”.
Zonas más beneficiadas
Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen algo más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, los beneficiados por las ayudas directa a la compra de vivienda serán, a juicio de Daniel Cuervo, secretario general de APCE, “los más cercanos a núcleos con actividad empresarial y turística”. Por su parte, Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios, lamenta que las ayudas lleguen solo a ocho de cada diez de estos municipios, donde reitera que “solo reside un 10% de la población de España”.
En cuanto a las características de las viviendas que los jóvenes podrán comprar con las ayudas ofertadas, Cuervo pone de manifiesto que estas serán “fundamentalmente” viviendas de segunda mano “con muchos años de antigüedad”. En este sentido, recuerda que las viviendas nuevas en tales ubicaciones no son frecuentes, “puesto que no hay una demanda firme que las soporte en términos generales”. Además, hace hincapié en que, dadas las exigencias del Código Técnico de Edificación, “no es fácil construir vivienda por debajo de los 100.000 euros”, valor máximo de adquisición que establece el Plan de Vivienda.
Apuesta por las ciudades
Estos elementos seguirán fomentando que la población joven se decante por vivir en las urbes de nuestro país. Al respecto, Corral subraya que se trata de un “movimiento natural” de la ciudadanía, especialmente de los colectivos de menor edad, ante la falta de perspectiva de futuro que registran hoy en día las zonas rurales. De hecho, recalca que tendría que producirse “un cambio muy significativo en los hábitos de los españoles” para que el Plan de Vivienda modificase el panorama rural en el corto y medio plazo. Para promover tales modificaciones, desde Foro Consultores Inmobiliarios proponen que, junto a las ayudas directas a la compra en zonas rurales, “se desarrollen otras políticas” algunas de ellas dirigidas a la creación de empleo.
Idéntica valoración manifiestan desde el Consejo de la Juventud de España. En concreto, Reloba hace referencia a la necesidad que existe de apostar “por reactivar nuestro sector primario”, además de aprovechar “las oportunidades que brindan el teletrabajo y las nuevas tecnologías” en este sentido. Por su parte, Módenes evidencia que los jóvenes necesitan “el acceso a la red familiar como complemento necesario de nuestro Estado del Bienestar”. “Estos priorizarán mantener ese contacto cotidiano en muchos casos a un eventual movimiento a una vivienda más barata en un municipio rural alejado”, agrega.
La descongestión del mercado del alquiler, en el aire
Las ayudas directas a la adquisición de vivienda no generarán un efecto rebote de descongestión en el mercado del alquiler de las ciudades. Así, desde APCE acotan el problema del precio de los alquileres a las grandes ciudades, por lo que, desde su perspectiva, la ayuda directa a la compra en los municipios más pequeños “no soluciona nada”. Es por ello que reclaman una mayor oferta en las principales urbes españolas “para que los precios se relajen” y la demanda de vivienda en alquiler “encuentre la oferta que busca”.
La necesidad de aumentar la oferta de alquiler también es una necesidad para Foro Consultores Inmobiliarios. En concreto, Corral argumenta que solo la potenciación de la oferta de los arrendamientos evitaría “subidas de precios desproporcionadas”. “Un asunto importante, si queremos ampliar el parque de viviendas en alquiler, es que los propietarios tengan seguridad jurídica. Esto ayudaría a salir al mercado una cantidad importante de pisos”, añade.
Problemas pendientes
A juicio de los expertos, el Plan de Vivienda no ayudará a frenar algunos problemas relativos al colectivo que integran los jóvenes. Es el caso del acceso a un inmueble que les permita emanciparse de manera autónoma. En esta línea, Reloba declara que se trata de una generación que tiene que dedicar “entre el 60% y el 70% de sus recursos para acceder a una vivienda”, cuando las entidades bancarias consideran que es insostenible destinar más del 30% del total de los ingresos a esta partida de gasto.
Por último, lamenta que con el salario medio que el colectivo registra a día de hoy en nuestro país, que se sitúa en torno a los 900 euros mensuales, “es muy difícil tener capacidad de ahorro”, por lo que sus posibilidades de dar una entrada para adquirir un inmueble en propiedad se ven mermadas. Si a ello se le añade el precio medio de la vivienda (tanto libre como de protección oficial), que según los cálculos del propio CJE se sitúa en una media de entre 150.000 y 180.000 euros, “se seguirá contribuyendo a que la población de menor edad no se pueda emancipar”.
Publicado en: https://www.pisos.com
